Político argentino cazado con bitcoins secretos que olvidarías en el colchón

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete de Argentina, se echó un clavado para aclarar su bronca con el tema de sus bienes y criptomonedas. El 11 de junio de 2026, presentó una actualización formal para incluir unos 513 mil dólares en bitcoin, intentando justificar por qué tiene tanto billete en criptos, pues el Ministerio Público Fiscal andaba de ojo porque le parecía mucho para lo que gana.

Resulta que la fiscalía se dio cuenta de que Adorni no había declarado movimientos con activos digitales por más de 340 mil dólares. Eso dejó un “huequito” de 163 mil dólares que ahora dice que es dinero de él realmente. ¿De dónde salió todo ese dinero? Pues Manuel dijo que son ahorros personales, guardados “en negro”, bien a la mexicana, sin pasar por el sistema financiero formal.

En Argentina, muchos han usado un trámite oficial para blanquear criptomonedas mediante exchanges regulados, como Binance o Ripio, para poner todo en regla. La cosa se puso tensa cuando el fiscal Gerardo Pollicita recibió informes técnicos de más de 20 plataformas donde Adorni tenía inversiones hechas entre 2013 y 2018, que empezaron con unos 200 mil dólares y luego crecieron mucho con el tiempo.

Pero Pablo no fue suficiente para el fiscal y juez que siguen tirando la neta para saber bien de dónde viene y a dónde va cada peso o cripto con ayuda de tecnología que rastrea cada movimiento digital. Mientras tanto, Adorni activó la “Ley de Inocencia Fiscal”, una ley que le sube el mínimo para delitos fiscales y bloquea auditorías retroactivas a quien se acoge a ella. Su esposa ya había hecho lo mismo días antes.

Eso sí, la ley solo le sirve para casos de evasión fiscal simple, no para la investigación penal que tiene por enriquecimiento ilícito. Por eso, los jueces siguen con los peritajes y no le bajan la lupa.

En Buenos Aires ya se armó la polémica: los del gobierno dicen que Adorni solo está siguiendo lo que dice la ley, pero la oposición cree que es puro intento para evitar castigo. Hasta la exjefa de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, salió a decir que su patrimonio creció justo desde que agarró chamba en el gobierno, y por eso quieren que diputados como Esteban Paulón bloqueen este tipo de beneficios para funcionarios.

Ahora el fiscal está a punto de cruzar los 513 mil dólares en bitcoin que Adorni declaró con los datos duros que le llegaron, mientras la Oficina Anticorrupción pide más pruebas para ver si todo cuadra. Más allá de lo que pase en la corte, el caso pone sobre la mesa cómo la línea entre legitimar criptos y usar leyes para esconder tranzas se está volviendo más difusa, algo que la gente no se traga y exige claridad total de sus gobernantes.