¡La minería de Bitcoin sigue viva y coleando en las leyes venezolanas, descubre cómo!

La empresa Crypto Tools, C.A., que se dedicaba a la minería de Bitcoin en Venezuela, salió al quite con un análisis legal y técnico donde puso en duda la legalidad de los decomisos de equipos y la prohibición total que impuso el Ministerio de Energía Eléctrica.

Ellos dicen que cualquier acción del gobierno debe seguir el debido proceso, y recuerdan que las leyes que regulan las criptomonedas en el país no han sido oficialmente anuladas.

Todo este rollo empezó cuando el Ministerio mandó a prohibir la minería de Bitcoin en todo Venezuela para cuidar el Sistema Eléctrico Nacional, que andaba al borde por el gran consumo de energía. Justo en ese momento, la demanda energética pegó un subidón histórico.

Por si fuera poco, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, puso una recompensa de mil dólares para quien denunciara a los mineros de Bitcoin, lo que llevó a que desarmaran varios centros de minería y juntaran un buen lote de equipos Antminer S9 en San Diego.

Ante esto, Crypto Tools lanzó un comunicado en Instagram diciendo que el decreto que regula las criptomonedas desde 2019 sigue vigente y que los cambios que hubo en 2023 en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) no significan que las reglas ahora se hayan borrado.

La empresa sostiene que la minería no es ilegal en Venezuela según las leyes actuales y que es vital respetar la propiedad privada y las garantías legales para cualquier acción del gobierno.

También recordaron que, bajo principios como la libertad económica y el debido proceso, cualquier procedimiento de incautación o sanción tiene que hacerse con apego a la ley, y que no pueden hacer las cosas a la ligera ni pasar por encima de los derechos constitucionales.

Desde el lado técnico, Crypto Tools sugirió que el gobierno debería diferenciar entre la energía que usan los mineros conectados al sistema eléctrico público y la que viene de fuentes independientes, como paneles solares, hidroeléctricas u otras opciones propias.

Esta idea, dijeron, permitiría que la industria tecnológica siga creciendo sin afectar el sistema público.

Un dato importante que mencionaron es que, según el decreto, los funcionarios que tomen medidas sin base legal pueden meterla hasta tres o cinco años en la cárcel por bloquear actividades relacionadas con criptoactivos sin causa justificada.

La situación en el país está complicada: el gobierno dice que las medidas son necesarias para proteger la energía porque la gente sufre apagones, pero quienes están involucrados en la minería y tecnología sienten que se está castigando la innovación.

Crypto Tools cerró diciendo que el desarrollo tecnológico y la protección del sistema eléctrico pueden ir de la mano si hay reglas claras, responsabilidad empresarial y respeto a la ley, invitando a buscar soluciones que mantengan la seguridad jurídica en Venezuela.