¡Alerta Cripto! Costa Rica pone reglas para que el dinero oscuro no la pase de fiesta con las criptomonedas

La Asamblea Legislativa de Costa Rica dijo ¡órale! y el lunes 25 de mayo aprobó, sin que nadie batallara, una reforma a la Ley 7786 que pone reglas bien claras para quienes trabajan con activos virtuales, como las criptomonedas. La idea principal es que estos negocios no se metan en rollos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo ni cosas que parezcan sacadas de una película de acción con armas de destrucción masiva.

Esta movida no salió de la nada. En 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es como el “policía” mundial en temas financieros, le hizo ojitos a Costa Rica para que arreglara el desorden que había con las empresas que usan criptoactivos, para evitar que se usen para cosas turbias.

Si Costa Rica no se ponía las pilas, la neta, podía acabar en la lista gris de GAFI, y eso es como ser el niño que nadie quiere en su equipo: los préstamos internacionales se pondrían bien caros y la banda ya no confiaría en la banca tica.

Esta reforma tiene detrás la banda grande de supervisión: la Sugeval, la Sugef, la Supén y la Sugese, más el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Todos están firmes con esta ley.

¿Y qué onda con esta ley? Pues define “activo virtual” como cualquier cosa digital que tenga valor y que puedas mover o vender online, aunque no sea una moneda oficial en Costa Rica. Y proveedor de servicios es cualquiera, persona o empresa, que se dedique a cambiar esos activos digitales por dinero normal, o que cuide, administre o mueva esos activos.

Entre las reglas que deben seguir está conocer bien a sus clientes, llevar registros de todas las transacciones y reportar cualquier movida sospechosa al Instituto Costarricense sobre Drogas, que también tiene su papel en esta historia.

Además, los proveedores deben registrarse ante la Sugef, aunque eso no es permiso para operar; nomás te ponen en la lista. Si se pasan de lanza y no cumplen, pueden caer en multas que van desde el 5% hasta el 50% de la transacción, y también pueden pagar entre 2 y 100 salarios base, que es un buen billete.

Pero no todo es color de rosa. Algunos expertos, como la abogada Stephanie Sánchez, dicen que esta reforma sola no es suficiente. De hecho, antes hubo otro intento para poner orden, pero se quedó en el cajón. La banda que trabaja con cripto dice que las leyes actuales no dan la seguridad que necesita este mundo digital.

Por eso, la Asociación Blockchain de Costa Rica (Asoblockchain) lanzó desde el 15 de mayo una consulta pública para armar una ley chida, una ley marco que quieren que sea la base de toda la industria descentralizada, un especie de “Código Civil” para cripto. La consulta estará abierta hasta el 15 de junio de 2026, y cualquiera puede echarle su granito de arena.

Esta nueva ley sobre bitcoin y criptomonedas da tres meses para que se arme el reglamento y luego otros tres para que empiece a aplicarse. Pero, qué tal que la sorpresa sea cómo la Sugef decida hacer la supervisión en la vida real, eso aún está por verse.

Así que, carnal, el tema de regular bien la economía digital en Costa Rica apenas está tomando fuerza. Habrá que estar al pendiente porque esto se va a poner bueno.