¡Paraguay no puede dejar a Bitcoin y su relación tóxica está que arde!

Paraguay lleva rato jugando chueco con la minería de Bitcoin, empezando desde 2018 con decomisos de equipos sin mucho sentido. Cuando la minería empezó a pegar en serio, el gobierno agarró la tijera y empezó a meter impuestos y reglas que más bien espantan a los inversionistas.

Esta historia no es nueva: en 2018 comenzaron a confiscar mineros de manera medio rara, aunque ese mismo año celebraban el potencial del país por tener energía de sobra gracias a las represas. En 2019 hasta la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ofrecía electricidad baratita para mineros extranjeros. Parecía que iban bien…

Pero en 2021 la cosa se puso intensa. Diputados como Carlos Rejala querían hacer de Paraguay una especie de El Salvador con Bitcoin legalizado, y el país se volvió un paraíso para los mineros que salían corriendo de China. Llegaron inversiones gigantescas, como la de Bitfarms, y se soñaba con Bitcoin como moneda oficial.

Sin embargo, el gobierno les puso la zancadilla con un montón de impuestos y multas en las leyes que pretendían darles seguridad legal. El Congreso aprobó la ley, el presidente la vetó porque decía que la minería era “transitoria”, el Senado rechazó el veto, y al final la ley quedó en la congeladora por falta de votos. Resultado: ningún marco claro para la minería.

Aunque no hay reglas definidas, metieron bronca a quienes se pasaban de lanza robando electricidad para minar, con procedimientos medio dudosos. En 2023 cambiaron de grupo en el poder y hubo un poco de esperanza, pero la falta de reconocimiento legal seguía dejando en la lona cosas básicas, como abrir una cuenta bancaria para los mineros.

Para 2024 la bronca se puso peor. Por un lado, se pedía una ley para prohibir la minería y, por otro, otra para que Bitcoin tuviera “curso legal ilimitado”. Al final se aprobó que quien minara sin permiso podía ir a la cárcel hasta 10 años, y de ahí se desató la verdadera cacería con drones y cámaras térmicas cazando granjas ilegales. Algunos equipos desaparecieron en decomisos y hubo hasta investigaciones a políticos por andar en la movida ilegal. También corrieron chismes de complicidad dentro de la propia ANDE.

Lo más loco es que, a pesar de todo esto, el ministro de Industria reconocía que Paraguay ganaba más vendiendo electricidad a mineros que a Brasil. Para apoyar un poco, nació la Cámara Paraguaya de Minería Digital (Capamad), que salió a defender a los mineros.

Pero la cosa no mejoró. Subieron la luz un 16% y los mineros sintieron que les estaban dando un madrazo. Diputados dijeron que era un robo y Capamad calculó pérdidas de más de mil millones de dólares y miles de empleos. Así que más de 50 empresas se fueron a buscar aire a Argentina, Brasil y otros lados con reglas más claras.

Aunque las empresas locales sufrían, seguían llegando grandes como Hive, que incluso hizo una expansión millonaria porque el precio de la electricidad seguía siendo bueno comparado con otros países. Y ojo, no solo llegaban mineros: también nómadas digitales y empresas extranjeras ponían pie en Paraguay, ubicando al país en el top 4 mundial de minería de Bitcoin.

Además de la luz barata, lo que atraía a los bitcoiners era el sistema de impuestos: si estabas como residente fiscal en Paraguay, no te cobraban impuestos por lo que ganaras fuera del país. Por ejemplo, podían facturar desde una empresa en Estados Unidos y no pagar impuesto allá ni acá. Pero esta ventaja ahora está en riesgo.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios lanzó una nueva ley para que todas las plataformas y administradores reporten cada movimiento con criptos, hasta las donaciones y herencias que pasen de $5,000. Ya los tienen bien vigilados con software para rastrear cada transacción.

Además, la Cámara de Diputados pidió que se haga un registro completo de mineros, empresas y sus conexiones eléctricas en 15 días. La Cámara Paraguaya de Blockchain ya avisó que para 2027 todos los contratos van a acabar o los van a renovar a menos empresas y más caros. Según ellos, hay que decidir si le dan la energía a un minero o a una empresa que genera mucho empleo.

Al final, la historia es predecible: si antes se iban masivamente, ahora tienen más razones para largarse. Las grandes aguanten porque la luz sigue siendo barata, pero la industria local y los nómadas digitales están en la cuerda floja, ya que los reportes obligatorios pronto se traducirán en más impuestos.

Paraguay tiene todo: energía sobrante, luz barata, ubicación envidiable. Pero el rollo con Bitcoin es como una relación tóxica: lo atrae, lo exprime, lo castiga y luego se queja cuando el otro se va.

Esa inestabilidad no solo espanta a la inversión, sino que le cuesta lana al país que podría usarse para cosas chidas como escuelas y hospitales. Paraguay sigue al fuego lento, subiendo la flama o apagándola según quien esté en el poder.

La minería no quiere privilegios, solo reglas claras y estabilidad. Paraguay todavía puede decidir si quiere ser un lugar serio para Bitcoin o simplemente otro país que dejó ir la oportunidad de oro.