¡Escándalo en Panamá! La oficina fantasma de Polymarket que nadie puede creer que existe

En el piso 21 de la súper fancy Oceania Business Plaza, en el mero centro financiero de la Ciudad de Panamá, los escritorios están vacíos y lo único que se escucha es al personal de una firma de abogados.

Según los papeles oficiales, ahí debería estar funcionando Polymarket, una plataforma que se avienta millones de dólares en apuestas sobre qué va a pasar en el mundo. Pero cuando los reporteros llegaron a tocar, les soltaron un «¿Polymarket? ¿Nunca habíamos escuchado eso?» que dejó a todos con cara de ¿qué onda?

Esta bronca entre el éxito online y la ausencia real abrió un debate medio incómodo sobre las “empresas de papel” en Panamá. Polymarket llegó legalmente al país bajo el nombre de Adventure One QSS Inc. después de un culebrón en Estados Unidos, donde en 2022 tuvo que soltar una multa de 1.4 millones de dólares por no estar bien registrado.

La “oficina” que supuestamente tienen no es más que la dirección legal del despacho García de Paredes Abogados, algo que hoy en día raya en la ilegalidad por las nuevas reglas que exigen más transparencia.

Aunque el foco estuvo en Polymarket, esta figura de “agente residente” significa que un solo lugar—como el piso 21 de ese edificio—puede ser la casa oficial de cientos o miles de empresas. Eso no es público ni obvio, pero es la norma: la oficina no es de la empresa, sino del bufete que las representa.

Lo curioso es que mientras en Panamá Polymarket pasa casi desapercibido, en EEUU su CEO, Shayne Coplan, fue invitado en febrero de 2026 a formar parte del Comité Asesor de Innovación Financiera de la Comisión de Comercio de Futuros, codeándose con las gangas del sector para poner reglas nuevas.

Este puesto prestigioso en Estados Unidos choca un poco con la sombra que todavía hay sobre las compañías que solo existen en papel en Panamá. Para mucha banda local, aunque Polymarket tenga buena fama allá, eso no quita que haya que analizar bien qué hacen realmente estas empresas en el país.

Hasta ahora, Polymarket se ha mantenido bien calladito sobre qué rollo tienen en Panamá. Al parecer, su estrategia es hacer justo lo mínimo que la ley les pide: mientras no les exijan poner empleados o renta de oficinas caras, mejor seguir con el modelo “oficina fantasma.”

No hay ni un comunicado oficial, ni un tweet, ni respuesta a preguntas de medios nacionales o internacionales. Todo muy low profile.

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Rodrigo Icaza, que es el presidente de la Cámara Digital y Blockchain en Panamá, le contó a CriptoNoticias que este caso es como revivir los fantasmas de los Panama Papers, pero ahora con reglas diferentes.

Rodrigo dice:

> Muchas empresas de criptomonedas llegan a Panamá porque aquí la ley es más chida y flexible, pero la neta no hacen nada en el país, ni ofrecen servicios locales. El debate que viene es sobre la “sustancia económica”: si un proyecto no opera de verdad en Panamá, entonces le cargarán un impuesto del 15% para evitar que usen esta figura solo para evadir impuestos.

Este tema está súper conectado con una reforma que el gobierno panameño mandó a la Asamblea para que el país empiece a ganar lana de verdad con estas empresas digitales.

Ahora, como Panamá cobra impuestos solo por lo que se genera dentro del país, muchas de estas compañías no pagan nada porque todo lo hacen en el extranjero. Eso, según diputados como Eduardo Gaitán, no ayuda ni a la economía ni a crear empleo local.

Icaza explica:

> Si esta nueva ley pasa, las empresas tendrán que demostrar que trabajan en Panamá de verdad. Si no, les van a aplicar un impuesto del 15%, lo que les va a subir los costos. Esto es para evitar que usen el registro panameño nada más para no pagar impuestos y que el país no se quede sin chanza de sacar dinero de estas empresas.

Lo que está pasando es un choque entre la economía tradicional, que se basa en estar presente y tener oficinas físicas, y esta nueva era digital en la que virtualmente se puede trabajar y cobrar en criptomonedas desde cualquier lugar.

Para Rodrigo, esta mezcla de mundos es lo que tiene encendida la discusión sobre la sustancia económica en la Asamblea Nacional, que incluso extendió su periodo para ver qué onda con esta ley.

Lo que se decida ahí puede cambiar todo el juego para las empresas tech del país, y decidir si Panamá se sube al tren digital con todo o si las nuevas reglas las van a sacar del mapa por los impuestos y costos.